sábado, 7 de marzo de 2009

Los gay no son ciudadanos de "segunda clase"


Sin duda que el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los más polémicos en la lucha que la comunidad gay libra por conseguir igualdad de derechos. Más que la cuestión de las adopciones o el poder servir en el Ejército, el tema de las uniones gay enciende las pasiones de una manera extrema en los grupos que lo apoyan o rechazan.
Esta controversia está en pleno apogeo en Estados Unidos, principalmente porque en el estado que se considera el más “liberal” del país, California, se está llevando a cabo una batalla legal en la Corte Suprema de Justicia estatal para definir el futuro de la llamada Proposición 8 (una normativa aprobada el pasado 4 de noviembre en las elecciones generales, y que prohíbe el matrimonio gay en este estado).
El pasado jueves 5 de marzo tanto defensores como detractores expusieron sus argumentos ante ese Máximo Tribunal, el cual tendrá 90 días para decidir el futuro de la Propensión 8. En sus manos está determinar si esa mayoría que votó por la norma en las pasadas elecciones –fue aprobada con el 52% de los sufragios- tiene la potestad de quitarle o darles un derechos a una minoría.
Uno de los principales aspectos que hacen del tema del matrimonio gay uno extremadamente controversial, es que además de dilucidar “qué tipo de ciudadanos” son las personas gay, si iguales a todos los demás o son de "segunda categoría", también envuelve el asunto religioso que hace que el debate sea bien polarizado.
Por un lado están los grupos gay radicales, que no aceptan bajo ninguna circunstancia que las uniones del mismo sexo se llamen de otra forma que no sea “matrimonio”, y por otro lado están los grupos religiosos que defienden la postura de que el matrimonio es una “institución sagrada” que define a la familia, la cual, ante “los ojo de Dios”, esta creada sólo por un hombre y una mujer.
Ambas partes deben entender que lo importante en este asunto no es si a las uniones gay se les llama matrimonio o no. Aquí, lo fundamental es reconocer que las personas gay deben tener los mismos derechos que cualquier ciudadano a casarse con su pareja. Estas uniones deben ser reconocidas bajo las leyes estatales y federales y permitirles gozar de los más de 1.000 beneficios y derechos que otorga la Constitución a las parejas heterosexuales.
En California existen ahora unas 18.000 parejas gay que están en el limbo en medio de esta polémica. La Proposición 8 enmendó la Constitución estatal para contrarrestar una decisión de mayo del 2008 de la Corte Suprema, que legalizó el matrimonio gay al ratificar que negar el derecho al casamiento a las parajes del mismo sexo era una violación inconstitucional a los derechos civiles. El jueves este mismo tribunal escuchó argumentos en tres puntos: si la Proposición 8 no es inconstitucional, entonces cual será su efecto en las parejas que se casaron antes de su aprobación; si la Propuesta 8 es inválida ya que es sólo una revisión de la Constitución estatal y no una en enmienda a la misma; y si además viola la doctrina de la separación de poderes amparados en la Constitución estatal.
Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de California vuelva a tomar esta vez una decisión sensata, que no debe ser otra que el terminar con la discriminación y demostrar que no deben existir ciudadanos de “segunda clase”, con menos derechos que otros.
Pónganle el nombre que quieran: matrimonio, uniones civiles o casamientos. Lo importante es darle a los gay derechos fundamentales, y que sus relaciones de pareja tengan los mismos beneficios de las uniones heterosexuales, como la visitas en hospitales, la herencia e incluso leyes migratorias. Todos los ojos de la nación están sobre este estado. Esperemos que California de el ejemplo.